Defensa y consolidación del sistema de protección social

“Solo han pasado tres meses desde que la sociedad vasca celebraba el 25 aniversario de la renta de garantía de ingresos como logro social en Euskadi –relatan en su comunicado-. Mejor dicho, de las bondades económicas, sociales, políticas…, que una herramienta de protección social como fue en su momento el ingreso mínimo de inserción, la renta básica después, y la actual renta de garantía de ingresos, han supuesto para nuestra sociedad”.
El comunicado prosigue incidiendo en que si en algo coinciden los agentes políticos, económicos, sociales y del tercer sector es en la fortaleza de nuestro sistema de protección social. “Con muchas áreas de mejora, sí, pero reconociendo que gracias a la conocida “RGI”, nuestra sociedad ha podido enfrentar mucho mejor la crisis actual. Y gracias a la solidaridad de nuestra ciudadanía, unas 118 mil personas actualmente (unas 64 mil RGI, incluyendo complementos de pensiones y de salarios) pueden tener sus necesidades cubiertas y una vida más o menos digna. Muchas de ellas, personas que quizá nunca antes habían tenido la necesidad de acceder al sistema de protección pública”.
Además, el texto destaca la valentía política de aquellos dirigentes que en el año 1989, en plena situación de crisis económica, también, fueron capaces de impulsar un ingreso de inserción para las personas en dificultad como herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social. “Y una sociedad con visión que respaldó aquella medida pionera en el estado español, a la altura de las sociedades más desarrolladas de la Unión Europea”.
El comunicado prosigue recordando que a lo largo de estos 25 años, el impacto del sistema de garantía de ingresos ha sido muy positivo, posibilitando la reducción de las tasas de pobreza y la desigualdad, manteniendo puestos de trabajo, favoreciendo el consumo y apoyando la cohesión social. “Logros que no valoramos suficientemente como sociedad y que, sin embargo, se demuestran en numerosos estudios”.
Mejoras
Desde las entidades sociales vienen reclamando mejoras del sistema actual, tanto en la garantía de protección y en la gestión de las ayudas, como en la necesidad de complementar con iniciativas y dispositivos de inclusión social. “Pero con todo ello, desde el tercer sector de inclusión social, como sociedad civil organizada, y desde la experiencia y responsabilidad que nos da el trabajo con las personas que atendemos, las personas en situación de mayor dificultad de nuestra sociedad, no entendemos la campaña de acoso al sistema de protección desde algunos ámbitos y desde algunos medios. Asumimos que tiene sus fallos, como cualquier sistema público o privado, pero seamos conscientes de que los casos de fraude que se están aireando son casos muy puntuales, no más significativos que los casos de fraude detectados en otros sistemas. Sin olvidar que, en los primeros, el impacto social y económico es mucho menor que las consecuencias que tienen en nuestra sociedad otras malas prácticas, por ejemplo, el fraude fiscal, o los llamados paraísos fiscales. Es probable que el hecho de acusar y culpabilizar a las personas empobrecidas de nuestra sociedad sea mucho más fácil que a otros sectores”.
El texto concluye haciendo un llamamiento a la clase política y a la ciudadanía en general “a reconocer las bondades y mejoras sociales que ha traído nuestro sistema de protección social a Euskadi. Queremos poner la mirada en su consolidación y mejora para poder construir una sociedad más cohesionada y de futuro”.