Se trata de un paso decisivo, porque permite avanzar hacia “una sociedad más justa e inclusiva”. Del mismo modo, ofrece la posibilidad de que todas las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria. La regularización supone una oportunidad real, rompe situaciones de exclusión estructural y construye una convivencia más cohesionada.
Petición clave: registro presencial
El proceso es complejo desde el punto de vista técnico y administrativo. Por eso, en el comunicado se subraya la necesidad de que la administración garantice los recursos necesarios. “La medida debe llegar efectivamente a todas las personas potencialmente beneficiarias. Especialmente a aquellas que llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias”.
Susana Cuesta, responsable del servicio jurídico de Cáritas Bizkaia, ha sido clara. «Instamos a las instituciones a facilitar el registro presencial, la obtención de la documentación necesaria y la tramitación preferente de estos expedientes», ha afirmado.
En caso contrario, ha advertido, «la aprobación de esta regularización extraordinaria no cumpliría su cometido».
Una exigencia del Evangelio
Para la Iglesia, la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes son una exigencia inherente de su misión. Así lo ha recordado Manu Moreno, delegado episcopal de Caridad y Justicia y de Cáritas Bizkaia.
«Esta es una medida de justicia social, de reconocimiento de los derechos de las personas», ha declarado. «Muestra una sociedad en el camino de la cohesión social, que se quiere construir desde los derechos, y no desde la vulneración y exclusión».
La regularización, ha añadido, «va a permitir visibilizar y dignificar las situaciones de personas que ya conviven en nuestra sociedad, y que se han visto obligadas a abandonar su tierra en la búsqueda de un futuro».
Cáritas Bizkaia, junto a otras entidades de Iglesia y sociales, lleva insistiendo en esta necesidad desde 2023. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) reunió más de 600.000 firmas. Fue un ejemplo de movilización social con la misma sensibilidad.
El impacto en Euskadi y Bizkaia
La situación administrativa irregular genera una fuerte vulnerabilidad. Limita gravemente el acceso a derechos básicos. Expone a múltiples formas de discriminación.
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi, más de 315.000 personas migrantes viven en la comunidad autónoma. Muchas se encuentran en situación irregular. El 41% de ellas está en exclusión social. Es una cifra cinco veces superior a la de la población autóctona.
En Bizkaia, Cáritas atendió en 2025 a más de 4.700 personas migrantes en situación irregular. Representan el 41% del total de personas acompañadas. Es una realidad que no ha dejado de crecer desde 2019.
La irregularidad no solo limita la autonomía personal. También genera un círculo de invisibilidad y desprotección. Eso afecta al conjunto de la convivencia social.
Salir de la incertidumbre
La regularización administrativa transforma profundamente la vida de las personas migrantes. Les permite salir de la incertidumbre y acceder a derechos fundamentales.
Elena Unzueta, directora de Cáritas Bizkaia, lo ha resumido así: «Esta medida responde a una realidad que no podía seguir ignorándose. Supone una oportunidad para avanzar en cohesión social, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa».
«Tener una autorización de residencia y trabajo no solo abre la puerta a un empleo formal y a una mayor seguridad económica», ha explicado. «Facilita algo tan esencial como acceder con normalidad a la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios básicos, y poder realizar gestiones cotidianas sin miedo».
Además, ha añadido, «la regularización protege frente a la explotación y la discriminación, y favorece una convivencia más justa e inclusiva». En definitiva, ha concluido, «es una oportunidad para que miles de personas pasen de la invisibilidad a la plena participación social, contribuyendo también con su trabajo y sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y al fortalecimiento de nuestra sociedad».
