Más precariedad
La sala de espectáculos de la UPV en el Campus de Álava, en Vitoria, acogió el acto en el que se expuso que en 2024, el 53,5% de la población se encontraba en integración plena, el 35% en integración precaria y el 12% en exclusión social. En términos absolutos, unas 259.000 personas viven en exclusión social en el País Vasco, de las cuales alrededor de 84.000 se encuentran en su forma más grave. Respecto a 2018, se reduce la tasa global de exclusión, pero cae la integración plena y crece de forma notable la integración precaria: hay menos personas totalmente “fuera”, pero muchas más personas “dentro” viven hoy en la cuerda floja.
Ingreso Mínimo Vital
En 2023, la combinación el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos alcanzaba a prácticamente toda la población en pobreza real, situando a Euskadi como la comunidad con mayor cobertura del IMV y una de las rentas autonómicas con mayor peso relativo del Estado. Sin embargo, no todas las personas que podrían acceder a estas prestaciones lo hacen, especialmente las que sufren pobreza más intensa, y muchas declaran falta de información.
Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa ponen en marcha estrategias para salir adelante, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, apoyos escasos y poco personalizados.
Vivienda
Una de cada seis personas (17%) sufre algún rasgo de exclusión residencial y, desde 2018, los precios han subido cerca de un 20%, mientras el alquiler se encarece un 16% (más del 20% en Vitoria-Gasteiz y Araba). Aunque solo el 17% de la población vive de alquiler, entre las personas en riesgo de pobreza lo hace el 52%; y el riesgo de pobreza apenas alcanza al 5% de quienes viven en propiedad, frente al 30% de quienes alquilan.
Un 13% de los hogares —unos 122.000— cae por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros, y decenas de miles de personas residen en viviendas inseguras o inadecuadas, especialmente hogares de origen extranjero, hogares encabezados por mujeres y familias con hijos e hijas.
En Euskadi, el 9% de la población sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% del conjunto del Estado, y la situación ha mejorado desde 2018. Sin embargo, los casos más graves —pasar hambre o no poder comprar medicación— se concentran en la población en exclusión y en quienes viven en integración precaria. La dificultad para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos afecta a unas 157.000 personas, y el 13% de los hogares declara haber pasado hambre en los últimos diez años.
Los rostros de la exclusión social en Euskadi
El primer rostro está marcado por el origen y la nacionalidad: las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (41%) son cinco veces superiores a las de quienes tienen nacionalidad española (8%). Los obstáculos a la participación política derivados de la nacionalidad extranjera son la segunda problemática de exclusión más frecuente, afectando al 13% de la población.
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (20%) es más de tres veces superior a la de las personas mayores de 65 años (5,5%), y los hogares con menores suponen el 65% de la población excluida. La tasa de paro juvenil (17% entre menores de 30 años) duplica la tasa general, y el encarecimiento de la vivienda retrasa la emancipación y la formación de proyectos de vida autónomos.
El tercer rostro está ligado al género y a la composición del hogar: la exclusión afecta al 15% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 10% cuando el hogar lo encabeza un hombre, una brecha que se amplía al cruzarla con cuidados, posición laboral y acceso a la vivienda, penalizando especialmente a los hogares monomarentales.
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