La Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el prelado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER.
Este acuerdo abre una nueva ventanilla
El obispo Segura ha recordado que la comisión PRIVA se puso en marcha hace un año, después de que la Asamblea Episcopal decidiera asumir la «responsabilidad moral» de la Iglesia en casos donde no existe responsabilidad jurídica, como en delitos prescritos o con el agresor fallecido. «Yo tengo la sensación de que el Gobierno ha descubierto que, efectivamente, las cosas se estaban haciendo mejor de lo que ellos creían«, ha declarado, explicando que esto llevó al Ejecutivo a renunciar a crear una comisión estatal específica y a optar por trabajar con la ya existente.
«Lo que hace este nuevo acuerdo es abrir una nueva ventanilla, diríamos, para que la gente que no quiere presentar los casos directamente a través de la Iglesia, pueda hacerlo bajo la supervisión del Defensor del Pueblo«, ha explicado. «Creo que es una decisión razonable y creo que a muchas víctimas les puede parecer importante este paso».
Una reparación que incluye lo económico
Segura ha destacado el funcionamiento de la PRIVA, afirmando que la reparación integral que ofrece en ocasiones incluye una compensación económica, la cual ha sorprendido a algunas víctimas por ser «superior» a lo que habría establecido la «legislación ordinaria» en casos judiciales. «Parece que estamos haciendo un esfuerzo serio, interesante e importante para tomar en serio la responsabilidad también en este aspecto económico«, ha resaltado.
No obstante, ha hecho hincapié en que la motivación principal de las víctimas no es económica: «La mayoría de la gente dice: ‘yo no tengo interés económico… lo único que quiero es que se sepa lo que me pasó a mí’«. Ha subrayado la importancia de escuchar con «seriedad» y «confianza» sus testimonios traumáticos.
Un llamamiento a la responsabilidad compartida
Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones ha sido el llamamiento a que la responsabilidad por los abusos se extienda más allá de la Iglesia. «Es fundamental que nosotros y la sociedad se dé cuenta de que esta responsabilidad que ha asumido la Iglesia no puede ser sólo nuestra. Tiene que ser también de todas las instituciones que han tenido casos de abusos», ha afirmado.
Ha puesto como ejemplo a una víctima de un colegio público, que actualmente «no tiene ninguna posibilidad de recurrir porque no hay ninguna forma ni procedimiento para poder hacerlo». «Yo creo que el Gobierno está abriendo esa posibilidad… y, aunque se dé cuenta de que es una responsabilidad muy compleja y que, desde el punto de vista económico, puede suponer mucho dinero, yo creo que tiene que abrirla«, ha concluido.
El acuerdo firmado hoy recoge precisamente el compromiso gubernamental de abordar la «reparación integral» de las víctimas en «cualquier ámbito de la vida social», y establece que las indemnizaciones acordadas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta.
