El manifiesto elaborado para esta jornada dice que: “1.100 millones de personas subsisten con menos de un dólar por día en nuestro mundo. En total, 2.700 millones luchan por sobrevivir con menos de dos dólares por día. Pero la pobreza no es sino el reverso de la opulencia y de la injusticia: el 10% de la población disfruta del 70% de las riquezas en el mundo; algunas empresas transnacionales cuentan con beneficios superiores al PIB de muchos países del Sur; 225 personas millonarias tienen una riqueza superior a 2.600 millones de seres humanos.
La brecha entre pueblos ricos y pueblos empobrecidos sigue creciendo, pero esta brecha se abre paso también en nuestras sociedades, donde la exclusión y la precariedad amenazan a amplios sectores sociales, especialmente a mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad. A las puertas de la frontera europea, miles de inmigrantes han perdido sus vidas tratando de alcanzar sus costas. En la Unión Europea 72 millones de personas viven en situación de pobreza. En nuestra Comunidad son más de 11.000 las que viven en la miseria, pero cerca de medio millón corren el riesgo de perder su precario bienestar y caer en la exclusión.
Y hace un llamamiento a las instituciones internacionales, a los gobiernos nacionales y locales y a la sociedad misma, para comprometernos en la lucha contra la pobreza: “ Por ello exigimos que se cumplan, al menos, estas medidas:
Más y mejor ayuda oficial al desarrollo, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%, priorizando los servicios sociales básicos y desligada de intereses políticos y comerciales.
Los gobiernos, el Banco Mundial y el FMI deben cancelar la deuda externa de los países empobrecidos. Estas instituciones, y especialmente la OMC, deben modificar las normas del comercio internacional que privilegian los intereses de países ricos y empresas transnacionales.
Aprobación de la Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos presentada recientemente a través de una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento Vasco.
Proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de asegurar los derechos de acceso al agua potable, a la educación, a la atención sanitaria y a los medicamentos esenciales.
Respetar los derechos fundamentales, de ciudadanía y de movimiento para las personas inmigrantes. No existen “personas ilegales”; ilegal debería ser el hambre, la persecución y cualquier tipo de discriminación entre seres humanos.
Más coherencia en las diferentes políticas de nuestros gobiernos, para que las políticas sociales tengan la misma prioridad que las políticas económicas y éstas no sean contrapuestas a la construcción del desarrollo social sostenible.
Reafirmar en nuestras sociedades el papel de la política fiscal, así como rehabilitar el papel del gasto público en la dirección de la lucha contra las desigualdades y la cohesión social.
Asegurar que los sistemas de protección social, complementarios a las políticas activas de empleo, incluyan rentas básicas garantizadas que permitan a toda persona vivir dignamente.
Curiosamente ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación, justo 60 años después de la creación de la FAO (Organización para la agricultura y la alimentación); y su conclusión más dura es que en el mundo muere una persona cada cuatro segundos por no haber podido ingerir las 2.200 calorías mínimas que se necesitan para vivir. La FAO hacía igualmente un llamamiento para que puedan reducirse las espeluznantes cifras del hambre en el mundo, recordando que uno de los Objetivos del Milenio es reducir a la mitad el hambre en el mundo para el año 2015.
