Alrededor de 50 personas participaron en esta primera reunión convocada con el objetivo de ir dando los pasos necesarios a confeccionar el Plan Estratégico Económico que comprenderá los años 2020-2023.
José Joaquín Moral, en su intervención, destacó la importancia de conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea pastoral. Se refirió a la corresponsabilidad de los creyentes, gracias a la cual está aumentando el nivel de autofinanciación. “Los fieles responden cuando hay colectas extraordinarias. También han aumentado los donativos, y un 33% pone la X en el IRPF. Sin embargo –señaló- están disminuyendo las colectas en las parroquias”. Este último dato tiene una relación directa con la bajada de la práctica religiosa entre las personas que se consideran católicas.
En la presentación introductoria hizo alusión a la responsabilidad de los administradores diocesanos de preservar y utilizar “de manera eficiente” los inmuebles. En este sentido, utilizó una expresión categórica: “¡no podemos tener inmuebles ociosos!”. Precisamente, en el Consejo de Presbiterio que se celebró el pasado 5 de marzo los sacerdotes aprobaron realizar una gestión más responsable del patrimonio diocesano referido a la utilización de los recursos residenciales.
Alquiler y utilización de pisos parroquiales
El Obispado está manteniendo conversaciones con Alokabide del Gobierno Vasco para establecer un acuerdo marco de colaboración, de manera que parte de las viviendas que tiene disponibles la Diócesis de Bilbao, se puedan arrendar a las personas o colectivos que las precisen a través del programa Bizigune. Este acuerdo garantizará que las viviendas que formen parte de este programa cumplan una función social.
Este programa del Gobierno Vasco se suma al de la Fundación Eguzkilore, que puso en marcha Cáritas Diocesana de Bilbao el año 2013, dirigido a proveer vivienda a personas y familias a las que acompaña la entidad.
Desde Eguzkilore, la Iglesia de Bizkaia actualmente está gestionando en Bizkaia 93 viviendas, todas ellas con fines de alquiler social para personas desfavorecidas. Un 34% de estas pertenece a la propia Iglesia, un 39% a instituciones públicas, un 18% a entidades religiosas y un 9% a particulares.
La Diócesis opta por estas dos plataformas, Alokabide y Eguzkilore, con el objetivo de realizar una gestión responsable de los recursos residenciales. Su prioridad es Eguzkilore, ya que esta opción está dirigida a personas en procesos de inserción social, asegurando su acompañamiento.
