José Enrique Varas relevó hace un año a Carlos Olabarri en la dirección de la Comisión para la protección de menores. Se incorporó a un equipo «muy preparado» a quienes agradece su experiencia y competencia.
Varas pone en valor la posibilidad que se ofrece a las víctimas para denunciar, hablar, contar y reparar, «de alguna manera«, el daño causado. Recalca que le hubiera gustado que no tuviera que existir este grupo en la diócesis «pero, desgraciadamente, estas cosas ocurren y aquí estamos nosotros para intentar ayudar, en la medida de nuestras posibilidades».
En la Memoria 2024 recogéis 7 expedientes nuevos
Los casos o expedientes y las cifras son para nosotros personas que conocemos y acompañamos. Efectivamente ha habido siete nuevos expedientes con 9 agresores, todos hombres. Se ha reabierto un caso y se han cerrado 9 de cursos anteriores. 5 de estos agresores son de congregaciones, 2 son sacerdotes diocesanos, 1 es de otra diócesis y uno, laico.
En relación a otros años, el número es menor. Pero, con que hubiera habido un solo caso, ya hubiera sido demasiado. Evidentemente, en cualquier momento pueden salir más, pero ahora son afortunadamente menos los casos.
¿Qué solicitan las víctimas?
Las heridas y las agresiones son diferentes. Cada persona lo vive y lo afronta a su manera. Hay quien busca una reparación económica, hay quien requiere una reparación más moral, más testimonial. Hay quien lo único que quiere es poder contarlo, poder denunciarlo. Algunas personas solicitan llevar el caso a fiscalía, aunque esté prescrito, sabiendo que no tiene recorrido judicial, porque para ellas esa es la manera de decir fuerte y alto lo que pasó. Solemos acompañarles también a dar este paso. Otras solicitan acompañamiento psicológico y se lo ofrecemos a través de la Fundación Lagungo y si lo prefieren, con otras instituciones.
En definitiva, preguntamos a las víctimas, a cada una de las personas, qué es lo que quieren que hagamos y también qué es lo que nos dejan hacer. Sin su consentimiento, no podemos intervenir.
¿Qué es el Plan PRIVA de la Conferencia Episcopal?
Es un procedimiento para solicitar indemnizaciones para los casos que están prescritos civil o canónicamente o el victimario haya fallecido. Hay un apartado en la web de la diócesis donde se puede encontrar la información al respecto y realizar la solicitud.
Una de las tareas de la Comisión es también la de la prevención.
Una vez que el protocolo de intervención se divulgó se realizaron diversas formaciones. Ahora nos van llegando algunas peticiones específicas y vamos respondiendo a cada una de ellas. Nos hemos coordinado también con otras organizaciones para promover entornos seguros. Para nosotros es muy importante la sensibilización, concienciación y formación.
«En cuanto a las indemnizaciones, a nivel de Conferencia Episcopal se ha establecido un grupo de personas independientes que evaluarán los casos. Son especialistas en derecho, pero también en el proceso de acompañamiento de víctimas. Por supuesto, estamos dispuestos a afrontar lo que se tenga que afrontar».
Joseba Segura (Fórum europa, 2024)
