En el texto del comunicado, indican que estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular. «Este proceso -explican- ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)».
El comunicado señala que esta ILP se encuentra en un momento crucial. Mañana martes, 9 de abril, los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, «abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella».
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