Monika Martín recuerda en la entrevista que «la crisis sanitaria ha privado a los menores en situación social más precaria de parte de sus infancias, de su tiempo de ser niñas y niños». Por eso, desde Cáritas se apuesta por que ningún niño ni ninguna niña retroceda «no sólo en sus niveles de protección de derechos básicos como a alimentación, salud o educación, sino tampoco en niveles afectivos, como la ilusión, el ocio, el cariño o la amistad que proporcionan seguridad y cercanía».
Cáritas Bizkaia pone de relieve los siguientes derechos de los niños y niñas: El derecho a un ocio y tiempo libre saludable; el derecho a participar y ser escuchados; derecho a una educación de calidad e inclusiva. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia que les quiera, «desde Cáritas se apuesta y se acompaña a las niñas y los niños, a los adolescentes y a sus familias en el derecho a ser felices».
Nueva Ley de Protección de la Infancia
Se trata de una ley aprobada en 2021 que, en líneas generales, mejora mucho el marco normativo. «Es un paso importante en materia de protección a la infancia, pero aún nos queda mucho por hacer», destaca Monika.
La nueva ley refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les conciernen. Sitúa el interés superior del menor en el centro y traslada la importancia de determinarlo para cada caso particular. La protección de los niños frente a la violencia es otra de las mejoras significativas. Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser considerados también como víctimas. En materia de adopción, se estipulan medidas de contacto con familia de origen. Las situaciones de riesgo y desamparo se han regulado y definido de forma mucho más concreta. La pobreza de padres o tutores ya no será la única causa para determinar la situación de desamparo de los niños. Potencia la elección del acogimiento familiar frente al residencial como medida preferente cuando un niño o niña necesite protección fuera de su familia de origen, especialmente los más pequeños. Regula el funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de conducta. Por primera vez, se incluye en nuestra legislación la obligatoriedad de realizar estudios previos que analicen el impacto que cualquier modificación normativa pudiera tener en los niños.
